Los leonesistas han registrado en las Cortes autonómicas una batería de preguntas en que advierten de los daños que puede suponer para las empresas locales del sector primario, y recuerdan a la Junta el rechazo al proyecto por parte de los consistorios de Villar de Gallimazo y El Campo de Peñaranda.
La controversia en torno al proyecto de construcción de una planta de biometano y digestión anaeróbica en Villar de Gallimazo ha llegado a las Cortes de Castilla y León a través de Unión del Pueblo Leonés (UPL). La formación ha presentado una serie de preguntas parlamentarias en las que solicita a la Junta que rechace la autorización de esta instalación, en línea con la petición realizada por el pleno del Ayuntamiento de Villar de Gallimazo.
UPL señala en su iniciativa que recientemente el consistorio de Villar de Gallimazo y varias empresas vinculadas al sector primario del municipio presentaron conjuntamente alegaciones contra el proyecto, destinado al tratamiento mediante digestión anaeróbica de residuos orgánicos y a la producción de biometano. A esta oposición se suma la del Ayuntamiento de El Campo de Peñaranda, que también ha registrado alegaciones en contra de la instalación.
Los leonesistas ponen el foco especialmente en las posibles consecuencias que la ubicación elegida podría tener para la actividad económica de la zona. Tanto el Ayuntamiento como las empresas locales han advertido de que la proximidad de la planta podría afectar a distintas explotaciones e industrias del sector primario. En un radio inferior a 1.100 metros se encuentran un matadero-secadero, explotaciones porcinas y avícolas, además de cultivos de frutos rojos y viñedos.
Según las alegaciones, esta cercanía podría generar problemas relacionados con la contaminación organoléptica y afectar tanto al proceso de curación de los embutidos como a la calidad de determinadas cosechas, especialmente sensibles a los compuestos volátiles. En este sentido, el propio estudio elaborado por la empresa promotora estima que los olores procedentes de la instalación podrían alcanzar una distancia aproximada de 1.300 metros.
Ante estas circunstancias, Unión del Pueblo Leonés ha pedido a la Junta de Castilla y León que no conceda la autorización al proyecto. La formación recuerda, además, que el pleno municipal de Villar de Gallimazo aprobó por unanimidad el pasado 11 de septiembre su rechazo a la ubicación propuesta para la planta y solicitó igualmente al Gobierno autonómico que deniegue el permiso correspondiente.
Por otra parte, UPL ha reclamado a la Junta que analice las posibles repercusiones de la instalación sobre las empresas agroganaderas del municipio y sobre las carreteras de la zona, que podrían sufrir un mayor deterioro como consecuencia del tránsito continuado de camiones asociado a la actividad de la planta.
La formación también pide que se estudien los posibles efectos sobre el azud de Riolobos, especialmente por el impacto que la actividad podría tener en las especies de aves vulnerables presentes en este espacio. A ello añade las eventuales consecuencias para el turismo y para las personas que visitan habitualmente este enclave.
