La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, a 31 de marzo de 2026 Castilla y León acumulaba 14.237 millones de euros de pasivo, lo que supone el 4,1 % del total de las comunidades, contabilizado en 346.910 millones de euros.
Castilla y León viene reduciendo de forma continuada su nivel de endeudamiento, representando al final del primer trimestre de 2026 el 17,9 % de su Producto Interior Bruto, el menor porcentaje desde el año 2013. Además, esta ratio se sitúa a 2,4 puntos porcentuales por debajo de la media autonómica (20,3 %). La variación intertrimestral revela que Castilla y León redujo su deuda un 0,17 %. Por el contrario, en el conjunto autonómico el endeudamiento se incrementó un 1,54 %. En términos interanuales mientras en Castilla y León la variación fue del 2,1 %, a nivel autonómico aumentó un 2,59 %. La adecuada gestión presupuestaria y financiera ha permitido controlar su nivel de deuda sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos que presta.
En el cálculo del volumen de deuda autonómica el Banco de España incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 202,5 millones de euros, así como el llamado ‘factoring sin recurso’ –créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras–, por importe de 52,6 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 223,7 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que, a 31 de marzo de 2026, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 23,9 %, con 3.400 millones de euros.
Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con un total de 1.684,9 millones de euros, un 11,8 % de la deuda de la Comunidad. La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.384,7 millones de euros –en concreto, el 9,7 %- correspondiente al préstamo concertado en 2020.
Por otro lado, el 96,3 % del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración General, frente al 3,7 % que corresponde a universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto al vencimiento, la práctica totalidad de la deuda viva de la Comunidad (99,6 %) está formalizada a largo plazo frente al 0,4 % a corto plazo, lo que minimiza los riesgos de refinanciación ante fluctuaciones de los mercados. Asimismo, el 66 % está concertado a tipo de interés fijo y el 34 % a interés variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor. Además, está suscrita en euros en su totalidad.
Este moderado nivel de endeudamiento, junto a la buena gestión presupuestaria y financiera, déficits anuales contenidos y la buena accesibilidad a los mercados, llevaron a la agencia Moody’s a mejorar la calificación de la solvencia de Castilla y León el pasado mes de septiembre, elevándola hasta A3, la máxima nota posible para las Comunidades de régimen común e idéntica al rating del Reino de España.
Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas
Asimismo, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.400 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría a 31 de marzo de 2026 al 20,6 %, frente al 17,9 % de Castilla y León, es decir, 2,7 puntos porcentuales inferior.
