- Desde el colectivo recuerdan que el Gobierno reconoció en 2016 en el Senado que los asesinados en Vitoria, Basauri y Tarragona en marzo de 1976 “merecen una reparación”
- Entre los asesinados había dos leoneses, José Castillo García y Vicente Antón Ferrero, de Morasverdes y San Martín de Tábara.
Hoy, 3 de marzo, se cumplen 45 años de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando una asamblea pacífica de trabajadores en el interior de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga, realizada con el permiso de su párroco, fue desalojada por la policía con gases y tiros de bala. Sucesos que, sumados a los de Basauri y Tarragona derivados del 3 de marzo, se saldaron con 7 trabajadores muertos a tiros (5 en Vitoria, 1 en Basauri y 1 en Tarragona). Unos hechos sobre los que hace 5 años, en esta misma cámara, se pedía reparación y reconocimiento para las víctimas (véanse las preguntas con registro de entrada en el Senado 13643 y 13644, con los expedientes aparejados 684/7378 y 684/7379).
Sin embargo, dichas preguntas fueron respondidas por el Gobierno desechando la posibilidad de reconocer como víctimas de terrorismo a los asesinados del 3 de marzo de 1976, al considerar que el ámbito de la Ley 29/2011 no les era de aplicación, señalando además que desde el Gobierno “no se dispone de datos respecto a los actos de Basauri y Tarragona”, aunque reconociendo que si no les era de aplicación el reconocimiento como víctimas de terrorismo, se trataría de “otro tipo de víctimas de la violencia que también merecen una reparación”.
Por su parte, el 5 de diciembre de 2016 en las Cortes de Castilla y León, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se solicitaba también la reparación y reconocimiento de las víctimas de los sucesos de Vitoria, Basauri y Tarragona de marzo de 1976, recordando a dicha cámara que “entre las víctimas mortales registradas en dichos sucesos se contabilizaban dos leoneses, José Castillo García (de Morasverdes) y Vicente Antón Ferrero (de San Martín de Tábara), fallecidos en Vitoria el primero y en Basauri el segundo, que fueron asesinados a tiros” (véase el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del 1 de febrero de 2017 en sus páginas 25130 y 25131).
En respuesta a esta pregunta, que nació fruto del trabajo conjunto de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL), la Junta de Castilla y León señaló en su respuesta, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León del 20 de marzo de 2017 (véanse las páginas 27843 y 27844) que “El Gobierno de España ya ha sido instado a reconocer el estatus de víctima del terrorismo para las víctimas del 3 de marzo de 1976”.
Y todo ello, pese a que el número de víctimas por los mencionados sucesos fue de siete muertos y un centenar de hospitalizados en total, la mayoría por heridas de bala, pese a lo cual en España aún no se ha llevado a cabo una investigación ni ha habido un juicio para aclarar estos hechos y depurar posibles responsabilidades sobre ellos. Cabe recordar, no obstante, que sobre este asunto quien fuera presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, declaró que «juzgar a los culpables del 3 de marzo es una exigencia ética y jurídica para España«.
Por otro lado, no hay que olvidar que en España se ha sufrido profunda y duramente el desgarro del terrorismo, siendo en este caso unos actos imputables como terrorismo de Estado, pero terrorismo al fin y al cabo, detrás de cuyas víctimas hay familias que sufren sus consecuencias, habiendo dejado los asesinatos del 3 de marzo de 1976 a varios niños y niñas sin padres. Sin embargo, pese a ser asesinados, no han tenido un reconocimiento o reparación por parte del Estado.
En este sentido, no hay que olvidar que el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad, el 3 de marzo de 2016, una declaración institucional en la que se denunciaba la inacción de la justicia en este asunto, demandando que «asuma la normativa internacional sobre derechos humanos y, en consecuencia, proceda a investigar aquellos terribles hechos de modo que se establezcan las responsabilidades penales que puedan derivarse«. En el mismo sentido, el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las Juntas Generales de Álava aprobaron sendas declaraciones con el mismo trasfondo en sus sesiones del 18 de marzo y del 27 de abril de 2016 respectivamente.
En esta misma línea, desde Unión del Pueblo Leonés se defendía el 5 de diciembre de 2016 en las Cortes de Castilla y León la necesidad de que las autoridades estatales hiciesen un reconocimiento, reparación, rehabilitación e indemnización a las víctimas de Vitoria, Basauri y Tarragona de 1976.
