- Aseguran que la propuesta es la consecuencia de «la incompetencia, la desidia y la irresponsabilidad de la Junta; que nace obsoleta, o que ofrece un dimensionamiento del operativo claramente insuficiente»
Los sindicatos CSIF y USCAL instan a las Cortes de Castilla y León a que, en nombre de los ciudadanos y del patrimonio natural y forestal de la Comunidad, rechacen el proyecto de Decreto-ley de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, porque no existe, ni está justificada la extraordinaria y urgente necesidad que se requiere para dictar disposiciones legislativas provisionales como esta que se pretende. «Es la consecuencia de la incompetencia, la dejadez, la desidia y la irresponsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y más concretamente de los responsables de la Dirección General de Patrimonio Natural de Política Forestal», han afirmado en rueda de prensa.
Ambos sindicatos insisten en que «la inacción y la falta de trabajo en la actualización del operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León no puede compensarse con una normativa que ya nace insuficiente, obsoleta y inadaptada a la realidad de las necesidades de los cambios climatológicos que ya vienen evidenciando desde hace unos años».
Los responsables de la gestión de Medio Ambiente “actúan a salto de mata, sin planificación, y solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena”, denuncian. La Junta debería haber presentado antes de final de año un plan anual de incendios, como exigía un Real Decreto del Gobierno de agosto de 2022, “y desde el pasado mes de octubre no han hecho nada”.
Por eso ahora no caben las prisas para sacar adelante un Real Decreto de medidas urgentes que no resuelve los problemas de fondo de la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León, indican CSIF y USCAL, “y que muestra muchas y serias carencias y deficiencias, que ya hemos hecho llegar a la Consejería de Medio Ambiente y a la Mesa General de los Empleados Públicos de la Junta”. Motivos por los que piden a la Junta que negocie un operativo eficaz y moderno acorde a las necesidades de la Comunidad.
Operativo insuficiente
El dimensionamiento del operativo que se pretende es insuficiente, aseguran los dos sindicatos: “Lo era en junio de 2022, cuando se produjo el infierno de los incendios de Zamora, y lo sigue siendo ahora con el proyecto de Real Decreto propuesto”. Lamentan que la calificación de peligro de incendio medio, que es el que hay ahora en la Comunidad, no obligue a la administración la implementación de más medios materiales y personales. “Creen que con limitar al ciudadano del medio rural ciertas actividades de quema ya basta. Es una tomadura de pelo”, remarcan.
Además, advierten que, en este momento, no hay agentes medioambientes para cubrir todas las comarcas de Castilla y León, que son los primeros intervinientes en el protocolo antincendios, para poder valorar todos los conatos de fuego que se produzcan y, por tanto, afrontar con recursos y garantías su extinción en esos primeros momentos que resultan cruciales. En este momento, estos agentes solo cubren menos del 40% del territorio de las provincias de la Comunidad, “algo incomprensible y peligrosísimo”.
Como lo es también que el centro de mando de emergencias esté cerrado por la noche, y que los avisos de fuegos lleguen al móvil del agente medioambiental de guardia, “teniendo que improvisar una respuesta sin los medios adecuados montando su particular centro de mando en el salón de su casa. Es una vergüenza y una tremenda y temeraria irresponsabilidad de la Junta. ¿Qué ocurriría si otro servicio esencial como el 112 se cerrara por la noche?, pues es lo mismo en el caso del centro de mando anti´-incendios”.
Otra de las cuestiones que se denuncian es que, en el texto del proyecto del Real Decreto de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, publicado en el Boletín Oficial, ha desaparecido la alusión a que la declaración de riesgo alto de incendios se mantenga durante cuatro meses, como se indicaba en el texto que se presentó en la Mesa General del pasado 10 de abril. “Esto quiere decir que la calificación de la máxima alerta estará tres meses en Castilla y León, el tiempo que la Junta está obligada por normativa a la implantación de un operativo del 100%. Mientras, en otras comunidades el riesgo alto se alarga cuatro meses, e incluso en los meses anteriores y posteriores se mantienen los operativos con todo el personal movilizado al 100%”, señalan los sindicatos.
El rechazo a la modificación de la actual regulación de la cobertura de plazas de ingenieros de montes o forestales y para los agentes medioambientales, que el proyecto del R. Decreto prevé; la necesidad de tener unas bolsas de empleo; la planificación de las guardias; o la exigencia de la creación de las brigadas de investigación de incendios forestales (BIIF), que se lleva esperando desde que en 2016 se aprobó una Proposición de Ley en las Cortes autonómicas, son otros de los asuntos que reclaman CSIF y USCAL.
