El PSOE exige controlar el cumplimiento de las cláusulas sociales en los contratos municipales

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PSOE Juan Jose Garcia Meilan y Maria Sanchez
  • Los socialistas denuncian la falta de fiscalización de estas condiciones contractuales y piden al Gobierno municipal del PP que cumpla la ley

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca pide la implantación de un sistema eficaz y transparente de fiscalización del cumplimiento de las cláusulas sociales en los contratos públicos, un control y seguimiento “imprescindibles en la gestión municipal”. Así lo han señalado los concejales del PSOE Juan José García Meilán y María Sánchez en la presentación en rueda de prensa de esta iniciativa que llegará al Pleno de este viernes, 7 de octubre, en forma de moción.

En primer lugar, la concejala socialista ha recordado que la Ley de Contratos del Sector Público, del año 2017, obliga a los órganos de contratación a incluir, como mínimo, una cláusula de tipo social, medioambiental o de innovación y desarrollo en las condiciones de ejecución de cualquier contrato público. Además, dentro de esta legislación, en 2019 se aprobó el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable, es decir, aquella que garantiza un trabajo digno y el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Por tanto, “los aspectos sociales de la contratación no son meras declaraciones de intenciones vacías de contenido e imposible fiscalización, sino que son auténticas obligaciones contractuales”. En este sentido, “de la misma manera que un incumplimiento relacionado con el precio o el plazo del contrato debe tener una respuesta sancionadora, también hay que exigir el cumplimiento de las consideraciones sociales”, unas cláusulas “que vinculan al contratista desde el momento en que presentó su oferta en una licitación pública y que se decidieron incluir en los pliegos de condiciones y contratos administrativos”.

En el caso del Ayuntamiento de Salamanca, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado en múltiples ocasiones la total ausencia de fiscalización y seguimiento del cumplimiento de las cláusulas sociales de los contratos públicos, “una situación que tiene una especial incidencia en los contratos de prestación de servicios en los que el personal supone la parte esencial de la prestación”.

Como ha explicado el concejal socialista, un ejemplo reciente de esta falta de fiscalización por parte del Gobierno municipal tiene que ver con los incumplimientos por valor de cerca de medio millón de euros en el contrato del servicio de conservación, mantenimiento y mejora de parques y jardines, destapados por el PSOE el pasado mes de febrero. Una denuncia que ha permitido abrir expediente sancionador a la empresa adjudicataria para recuperar el dinero defraudado.

Otro contrato que los socialistas exigen fiscalizar es el del servicio de ayuda a domicilio, puesto que “ahora se va a reformular el pliego de condiciones y tiene una gran cantidad de cláusulas éticas al trabajar con personas mayores que la empresa debe cumplir, entre otras, los planes de formación, los planes de ayuda psicológica y un reparto de la carga de trabajo más eficiente para las trabajadoras”.

Así mismo, García Meilán ha recordado cómo el propio Ayuntamiento de Salamanca, hasta el mes pasado, no contaba con un Plan de Igualdad, incumpliendo durante años la legislación vigente. “La administración debe ser ejemplificadora y una guía en la incorporación de cláusulas sociales”, ha insistido al tiempo que ha recordado que “este tipo de cuestiones, además de aparecer en la normativa general laboral, forma parte de los objetivos de la Agenda 2030 y deben vigilarse de oficio, sin que tenga que ser la oposición quien día tras día denuncie incumplimientos”.

En este contexto, los socialistas afirman con rotundidad que “el equipo de Gobierno municipal siempre se ha negado a establecer un sistema específico de fiscalización de los contratos para que el órgano de contratación pueda realizar un control y, después, informar periódicamente a la Comisión de Bienes y Contratación de los posibles incumplimientos y sus consecuencias contractuales”.

Por ello, exigen al PP que cumpla la ley, rectifique y corrija esta anomalía, ya que “no hay que olvidar que el Ayuntamiento es responsable directo de las condiciones laborales de los trabajadores de las contratas desde el momento en que así figura una cláusula social en un contrato”. En esta línea, ha concluido la socialista María Sánchez, “si el PP no las hace cumplir es porque no respeta los derechos de esos trabajadores ni los propios contratos que firma con las empresas adjudicatarias”.

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