El PSOE propone una ordenanza contra la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual en Salamanca

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  • La propuesta socialista llegará al próximo Pleno municipal con el objetivo de establecer medidas de apoyo a las víctimas, multas a los clientes, control publicitario y campañas de concienciación

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca plantea la elaboración de una ordenanza específica contra la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual que incluya medidas de apoyo a las víctimas, multas a los clientes, control publicitario y campañas de sensibilización. El PSOE trasladará esta iniciativa en forma de moción al próximo Pleno de la institución, como han explicado en rueda de prensa las concejalas María García y María Sánchez.

Ambas han coincidido en apuntar que la prostitución no es una expresión de libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver con factores como la feminización de la pobreza, la persistencia de la discriminación, la división sexual del trabajo o la desigualdad en el acceso a la educación. En esta línea, puesto que mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, han recordado que la explotación sexual es un fenómeno específico de género: la abrumadora mayoría de víctimas son mujeres y niñas, mientras que los consumidores, traficantes y proxenetas son habitualmente hombres.

En concreto, se estima que más de 50.000 personas entran al año en España para la explotación sexual y que entre el 90 y 95 % de las mujeres prostituidas son víctimas de la trata. El consumo de prostitución es diez puntos superior al observado en la media europea y esta “industria” produce cantidades ingentes de dinero: los proxenetas obtienen alrededor de cinco millones de euros al día, principalmente en dinero negro, según datos de la Fiscalía General del Estado.

Castilla y León y Salamanca no son ajenas a esta situación. “En nuestra Comunidad hay más de 250 clubs de alterne y, en concreto, en nuestra provincia, entre pisos y clubs, hay 140 locales donde se esconde el sufrimiento de muchísimas mujeres y menores, agravado por las grandes dificultades que encuentran para acceder a los servicios médicos y por la violencia que reciben”, ha explicado la concejala socialista María García.

Todos estos datos reflejan la gravedad de una realidad muchas veces invisibilizada. “Hay que decirlo claramente: la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos fenómenos que no pueden desvincularse. La trata existe porque hay una demanda de prostitución que convierte la trata en una actividad muy rentable para las mafias y los proxenetas”, ha continuado. De hecho, como indican las resoluciones en este ámbito tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas, las administraciones deben incluir dentro de sus políticas públicas la lucha contra esta lacra social sin eludir la conexión entre prostitución y trata, “formas de violencia machista que las sociedades democráticas no pueden tolerar”.

En este sentido, en el mes de abril, la Comisión Europea publicó su nueva Estrategia de lucha contra la Trata de Seres Humanos para el periodo 2021-2025, que se enfoca en la prevención del delito, en la persecución de los tratantes y su puesta a disposición de la Justicia, así como en la protección y empoderamiento de las víctimas de trata. Esta misma línea es la que sigue el Gobierno de España y, a juicio de las socialistas, «también deberían trabajar en ella la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Salamanca».

Apoyo multidisciplinar a las víctimas

Por una parte, como administración más cercana a la ciudadanía, el PSOE pide que el Consistorio salmantino, en la medida de sus competencias, asuma su responsabilidad a través de la aprobación de una ordenanza que desarrolle una estructura de apoyo multidisciplinar a las víctimas: legal, psicológica, sanitaria y de inserción sociolaboral, que también evite que el acceso al empadronamiento suponga una vía de chantaje por parte de las mafias. Además, debería impulsar campañas de concienciación para combatir la cosificación de la mujer y desincentivar la compra de servicios sexuales, establecer un régimen sancionador para los clientes y medidas para evitar la publicidad de prostitución.

Por otra, el Grupo Municipal Socialista considera que la Junta de Castilla y León debe avanzar en este campo aplicando plenamente la Ley contra la Violencia de Género y piden que el Ayuntamiento de Salamanca inste al Gobierno de Fernández Mañueco a desarrollar estrategias específicas contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a cerrar los clubs de alterne y prostíbulos con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen.

Igualmente, otros objetivos a cumplir por parte de la Junta, como ha detallado María Sánchez, son la ampliación de los criterios de la renta mínima de inserción con el fin de incluir a las víctimas de prostitución y trata, la revisión urgente del sistema de acceso a los centros de la red integral para facilitarlo, el incremento del número de plazas residenciales en la red de atención para la violencia de género en Castilla y León destinada a mujeres en esta situación o la puesta en marcha de medidas como ayudas directas al alquiler.

El PSOE también reclama un reconocimiento público por parte del Consistorio, “muy merecido”, a la labor que realiza APRAMP en Salamanca, tal y como va a hacer la Delegación del Gobierno al concederle el galardón Meninas 2021 en la categoría de Violencia contra las mujeres. “No puede mirar hacia otro lado: debe estrechar la colaboración e incrementar los recursos destinados a las organizaciones y colectivos que prestan servicios de asistencia a las víctimas de la prostitución y la trata en nuestra ciudad”, ha indicado la concejala socialista.

Por último, el Grupo Socialista ha querido recordar que la Corporación municipal ya aprobó por unanimidad en el año 2016 la adhesión de Salamanca a la Red de Ciudades Libres de Trata e insisten en que el Pleno del 3 de diciembre debería ser una buena ocasión para reafirmar este compromiso y demostrarlo con hechos, es decir, para proceder a la elaboración de una ordenanza propia y reclamar a la Junta que tome cartas en el asunto dentro de sus competencias.

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