El Partido Popular de Salamanca ha reiterado hoy su rechazo al nuevo mapa concesional de autobús propuesto por el Ministerio de Transportes, con el que se pretende eliminar paradas en 33 pueblos de la provincia, y que se debate este miércoles en el Congreso de los Diputados. Así lo han manifestado hoy los diputados salmantinos, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, quienes han presentado una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible, en la que se recoge ese mapa, con la finalidad de blindar estas paradas.
Según han recordado, este problema se remonta a junio del año 2022, cuando los diputados del PP por Salamanca comenzaron a denunciar la eliminación, sin previo aviso, de paradas de autobús en municipios de la provincia en las líneas que los conectaban con Madrid y que atravesaban diferentes comunidades autónomas. Poco después, han asegurado, se supo que el Gobierno preparaba un nuevo mapa concesional que supondría un grave perjuicio para CyL y para la lucha contra la despoblación.
“Desde entonces llevamos reclamando la retirada de este plan y pidiendo diálogo con las comunidades autónomas, porque afecta de forma muy grave a nuestra tierra”, han señalado los parlamentarios salmantinos. En cifras, este nuevo plan prevé la supresión de 474 paradas en 346 municipios de la comunidad. En Salamanca se verían afectados 33 municipios con la eliminación de 36 paradas de 41, un 88%, dejando sin servicio a más de 17.000 habitantes, para quienes el autobús es un medio vertebrador esencial.
En base a estos datos, los diputados salmantinos han criticado que el Gobierno “disfrazada bajo un lenguaje buenista” lo que, en realidad, es un trato discriminatorio hacia Salamanca y Castilla y León, convirtiendo a sus habitantes “en ciudadanos de segunda o tercera”.
“Lo que el Gobierno llama movilidad sostenible es, en realidad, abandono para nuestros pueblos, es una decisión letal para la lucha contra la despoblación y profundiza el aislamiento que sufrimos desde 2018 con el Gobierno socialista”, han afirmado los populares.
Junto a ello, también han denunciado que el criterio que guía la reestructuración no es la prestación de buenos servicios a los ciudadanos, sino la rentabilidad económica de conectar grandes nodos de población, eliminando todo lo que no resulta rentable.
Frente a este modelo, desde el PP han puesto en valor el compromiso de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que ha impulsado iniciativas pioneras para garantizar la movilidad en el medio rural como el Plan BUSCyL de transporte gratuito, el desarrollo del transporte a la demanda o el mantenimiento del 100% de las líneas de su competencia, incluso aquellas que son deficitarias.
“La diferencia de compromiso es evidente. Mientras el Gobierno central abandona a nuestros pueblos, Castilla y León garantiza la movilidad como un derecho de todos sus ciudadanos”, han concluido los diputados salmantinos del PP.
