El sindicato independiente ha presentado hoy la demanda en el Contencioso-Administrativo del Supremo, después de su admisión, confiando en que el tribunal falle su nulidad, “para que algo así no se vuelva a imponer a los profesionales de Sanidad. El Gobierno regional se ha saltado las competencias previstas en el R.D del Estado de Alarma”.
“Confiamos en que ocurra lo mismo que con el toque de queda. Vamos a por todas. Seguimos adelante con la demanda contra el ‘decretazo’ sanitario de la Junta en el Supremo. La hemos formulado y presentado esta mañana. Tenemos un compromiso con los 40.000 trabajadores de Sacyl, y queremos demostrarle a la Junta, con una sentencia, que no puede trasgredir caprichosamente los derechos de los empleados de Sanidad, que no puede imponer arbitrariamente, y en contra de la legalidad, una reorganización y una movilidad que está tapando las deficiencias y la falta de personal de la gestión sanitaria de la Comunidad”.
Este es el mensaje, que ha trasladado esta mañana el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ante las puertas del Palacio de Justicia de Valladolid. “La demanda contra el Decreto 2/2020 de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, es ya una realidad. Seguimos con el procedimiento después de que el Supremo anunciara a finales de enero el auto de admisión. Ese decreto, con el que se está reorganizando el trabajo y la movilidad de empleados de Sacyl es un abuso, una imposición unilateral, sin ninguna voluntad de negociación, y una vulneración escandalosa de los derechos de los profesionales de Sanidad”, afirma Castro. “No podemos quedarnos quietos, porque tenemos que dejarle claro a la Junta que una normativa así no se puede consentir”, asegura.
Según CSIF, el Gobierno regional se ha extralimitado en sus competencias respecto a lo que permite el Real Decreto del Estado de Alarma del Gobierno. “Ha ido más allá, en cuanto a las prestaciones de los trabajadores de Sanidad. No se puede hacer una reorganización del trabajo del personal sanitario, como lo ha hecho la Junta, o mejor dicho la Consejería de Sanidad, vulnerando descaradamente los derechos de estos profesionales, aún en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Para Benjamín Castro, el vicepresidente Igea ha demostrado una falta de previsión, evidenciando que estamos ante un antojo y un capricho suyo”.
El sindicato exige que “se pare la aplicación de medidas impuestas contra los trabajadores de Sacyl”. El presidente autonómico de CSIF lamenta la actitud y empecinamiento de la Consejería de Sanidad, “en un momento tan delicado como el que estamos sufriendo, en el que todo el personal de Sacyl se desvive por prestar a los pacientes la mejor atención sanitaria, a costa de un tremendo sobreesfuerzo, y enormes sacrificios profesionales, personales y familiares. No se merece el ‘decretazo’”.
