La facilidad de acceso a herramientas tecnológicas y el anonimato que ofrece Internet ha llevado a que muchos jóvenes se involucren en el mundo de la ciberdelincuencia. Sin ser plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos, muchos menores se ven atraídos por todo aquello que rodea al hacking, la piratería informática o incluso la manipulación de sistemas bancarios y grandes empresas.
De hecho, según una reciente investigación llevada a cabo por Kaspersky en Reino Unido sobre cómo se puede exponer a los niños a actividades de hacking y ciberdelincuencia, el 13% de los niños estarían dispuestos a hackear una web solo por el reto que supone, y lo que resulta más alarmante, solo el 8% de los padres están preocupados por esta posibilidad. Además, en muchos de esos casos, son reclutados por redes de ciberdelincuentes que aprovechan su vulnerabilidad y desconocimiento para ejecutar estos delitos.
Penas para menores que cometan delitos digitales en España
En España, tanto las conductas de los menores como las de las redes de ciberdelincuencia son perseguidas. En el caso de los menores, la Fiscalía de Menores interviene cuando estos participan en actividades que constituyen delitos contra el honor, la libertad y la seguridad. A menudo, los menores son manipulados o engañados por organizaciones criminales para cometer estos delitos, muchas veces sin ser conscientes de que están infringiendo la ley.
El despacho de abogados Letslaw, especialista en Internet y derecho digital, afirma que, en algunos casos, los delitos cometidos por menores pueden resolverse de manera extrajudicial, como lo contempla el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Esta opción está disponible cuando los delitos son considerados menores o faltas, y siempre que el menor asuma su responsabilidad. Sin embargo, para delitos más graves, la ley establece una serie de sanciones que varían en función de la gravedad de la infracción.
Las sanciones que se pueden imponer a los menores, según el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, incluyen:
1. Alejamiento o prohibición de comunicarse con la víctima.
2. Prestación de servicios a la comunidad, que puede ser de hasta 100 horas y, en casos excepcionales, ampliarse a 200 horas.
3. Libertad vigilada, con seguimiento de la actividad del menor y supervisión de su asistencia a la escuela, formación profesional o lugar de trabajo.
4. Imposición de reglas de conducta, con una duración de hasta dos años, ampliables en función del comportamiento.
5. Privación de libertad en fines de semana, que puede implicar la reclusión del menor en un centro o su domicilio durante hasta ocho fines de semana, con posibilidad de ampliarse adieciséis.
6. Internamiento en régimen cerrado o semiabierto durante un período de hasta dos años, ampliable según la gravedad del delito.
En los casos más graves, el juez de menores, a solicitud del Ministerio Fiscal, puede imponer medidas cautelares como la libertad vigilada, el internamiento o el alejamiento, incluso antes de que se celebre el juicio, conforme al artículo 28 de la misma ley.
Un caso reciente en España ocurrió el pasado 13 de noviembre de 2023, cuando el Juzgado de Menores Número 1 de Sevilla condenó a un adolescente de 17 años a 55 horas de servicios a la comunidad por un delito contra la intimidad. El menor hackeó la cuenta corporativa de Google de una profesora de instituto, y, además, se impuso una indemnización de 1.000 euros de la cual los padres también fueron responsables de forma solidaria.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Oviedo impuso una condena mayor a dos menores por delito de integración en grupo criminal, con penas de libertad vigilada de entre 9 y 12 meses, debido a su implicación en un ataque informático a un foro privado compuesto principalmente por miembros de la Guardia Civil, con la participación de más de 52.000 agentes.
Asimismo, Virginia Tovar, madre de un joven con grandes habilidades tecnológicas, ha decidido compartir su experiencia, que comenzó en 2016 cuando su hijo, de tan solo 13 años, le dijo que quería “ser hacker”. Tovar, consciente del peligro que podía suponer el talento tecnológico de su hijo, reconoce que, en ese instante, lo primero que pensó fue que su hijo podía convertirse en un ciberdelincuente. “Hubo momentos en los que se le fue de las manos, por ejemplo, cuando en un enfado con unos amigos suyos de una plataforma online, mi hijo decidió hackearles todas las redes sociales, lo pasé fatal. Fue entonces cuando empecé a buscar apoyo y contacté con INCIBE y, tras cruzarme con gente maravillosa, empecé a recorrerme con mi hijo todas las conferencias que podíamos donde le enseñaron la importancia de usar sus habilidades para el bien”, explica.
En este sentido, su hijo nunca llegó a tener consecuencias legales por sus acciones. “Por suerte, todo se quedó en sustos. Yo me enteré de dos incidentes, pero es probable que haya habido más. Lo importante es que no pasó nada grave y, por supuesto, no hubo repercusiones legales. Fue un alivio enorme ver que, con toda la ayuda que buscamos, logramos encaminarlo por el lado correcto y evitar problemas mayores”, concluye Tovar.
El acompañamiento, la formación y la concienciación de los jóvenes con estas habilidades tecnológicas son esenciales para prevenir la ciberdelincuencia juvenil. Muchos jóvenes actúan sin ser conscientes de las consecuencias legales, motivados por curiosidad o influenciados por redes criminales. La educación sobre el uso ético de la tecnología, junto con campañas de concienciación y el apoyo constante de padres y educadores, puede guiar a los menores para que utilicen sus habilidades digitales de forma positiva y eviten problemas legales.
Penas para las redes cibercriminales que captan a menores en España
Por otra parte, Letslaw destaca que las redes de ciberdelincuencia o mafias que explotan a los menores para llevar a cabo sus actividades ilícitas enfrentan penas agravadas en España. Según el Código Penal (artículo 580 bis), la pertenencia a una organización criminal que utiliza a menores puede acarrear entre 4 y 8 años de prisión, además de las correspondientes a los delitos concretos cometidos.
Es importante destacar que, en la legislación penal española no existe un delito específico para la ciberdelincuencia infantil, sin embargo, los delitos de fraude informático o hacking están penados con prisión. Por ejemplo, el fraude informático está tipificado en el artículo 248 del Código Penal y puede conllevar penas de entre 6 meses a 3 años de prisión, viéndose agravados considerablemente cuando se utilizan menores como instrumentos para cometerlos. Aunque se han endurecido las penas para proteger a los menores, se considera necesario adoptar medidas legislativas adicionales y una cooperación internacional más efectiva para combatir estos delitos.
Según los expertos de Kaspersky, el crimen organizado es capaz de identificar a menores con habilidades para el hacking a través de su comportamiento en videojuegos. Para captarlos, lo primero que hacen es ganarse su confianza y encontrar información sobre ellos. A continuación, lo incorporan en su grupo y le hacen sentir importante, abriendo así una nueva línea de comunicación con el objetivo de aislarlo de cualquier influencia externa que pudiera disuadirla de ser engañada. Aunque para un grupo de crimen organizado supone mucho trabajo engañar a menores, les resulta rentable porque pueden hacer que el niño cometa el delito y ellos se lavan las manos.
Para evitar este tipo de prácticas entre menores, los expertos de Kaspersky afirman que es necesario que los padres participen activamente en la vida digital de sus hijos y fomenten una comprensión ética del uso de la tecnología para evitar que se conviertan en víctimas o perpetradores en la red. Para ayudarles en esta tarea, la empresa de ciberseguridad dispone de soluciones como Kaspersky Safe Kids, que ayuda a los padres a supervisar y proteger las actividades online de sus hijos, bloqueando el acceso a contenidos peligrosos y monitorizando el tiempo que pasan conectados. Es importante que los padres monitoricen las actividades online de sus hijos, prestando especial atención a su comportamiento, así como fomentar el diálogo abierto que no de lugar a una respuesta defensiva por parte del menor.
Además, educar en responsabilidad tecnológica, mantener un diálogo abierto, monitorizar el comportamiento online de los menores, fomentar hábitos de ciberseguridad e higiene digital desde una edad temprana son fundamentales para guiar a los jóvenes hacia un uso consciente y seguro de la tecnología, así como para evitar respuestas defensivas por parte de los menores.
La colaboración público-privada, con organizaciones como INCIBE y empresas privadas, también juegan un papel crucial en la prevención de riegos cibernéticos y la creación de programas educativos, talleres y recursos, así como iniciativas que impulsan entornos familiares seguros y conscientes para garantizar una experiencia digital positiva y segura para los jóvenes, marcando una diferencia en la prevención de la ciberdelincuencia juvenil.
Kaspersky
Kaspersky es una compañía global de ciberseguridad y privacidad digital fundada en 1997. Con más de mil millones de dispositivos protegidos hasta la fecha frente a ciberamenazas emergentes y ataques específicos, la profunda experiencia de Kaspersky en inteligencia de amenazas y seguridad se transforma constantemente en innovadoras soluciones y servicios de seguridad para proteger a empresas, infraestructuras críticas, gobiernos y consumidores en todo el mundo. El extenso portfolio de productos de seguridad de la empresa incluye su reputada solución de protección de endpoints, productos y servicios de seguridad especializados, así como Cyber Immune, soluciones de seguridad para ciberamenazas. Ayudamos a más de 200.000 clientes corporativos a proteger lo que más les importa. Obtenga más información en www.kaspersky.es
