El presidente del CSN, Consejo de Seguridad Nuclear, considera “inaceptables” las “insinuaciones” del director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León recogidas en una carta enviada a este organismo.
La portavoz del PSOE de Cambio Climático en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados, Helena Caballero, ha denunciado que la Junta de Castilla y León haya ejercido de
“portavoz” de la empresa minera Berkeley al presionar al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que acelerara los permisos de construcción de la planta de uranio que la empresa australiana pretende abrir en la localidad salmantina de Retortillo.
La portavoz socialista ha realizado esta denuncia tras escuchar al presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, considerar como “inaceptable” la carta que envió en julio de 2019 el entonces director general de Energía y Minas en el gobierno regional de Castilla y León, Ricardo González Mantero, en la que “sugería” que el retraso en la concesión de la construcción se debía a “motivos no exclusivamente técnicos”.
Para los socialistas es “intolerable” que la Junta presionara al CSN usando “los mismos argumentos y las mismas frases” que los abogados de la empresa minera a través de una carta encabezada “con los logos de la Junta de Castilla y León”.
La diputada del PSOE ha recriminado el “interés desmedido” de la Junta de Castilla y León para que Berkeley abriera su explotación. Y ha apuntado que no tiene ninguna duda sobre “el papel muy activo” de la Junta para la puesta en marcha de esta explotación desde el momento en que el exministro de Medio Ambiente del PP, Miguel Arias Cañete, tomó posesión de su cargo como comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía.
En su intervención ante la Comisión, el presidente del CSN también hizo públicas sus críticas a la Junta por reclamar el pronunciamiento “urgente” del Pleno del CSN ya que “el retraso afecta al desarrollo económico y el empleo” de la provincia de Salamanca.
También se mostró duro con la propia empresa por considerar “impropias las insinuaciones de que había tintes políticos o ideológicos” en las decisiones del CSN, un organismo que, ha recordado, “tiene como objetivo la protección nuclear y la seguridad radiológica” en nuestro país.
Asimismo, defendió el rigor del CSN y sus técnicos al sostener que la solicitud de numerosa documentación a la empresa se debía a la “insuficiente y deficiente calidad” de información facilitada para continuar con los trámites. Por eso rechazó, de manera enérgica. que hubiera “falta de profesionalidad o retrasos intencionados”.
Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión, Germán Renau, calificado también como “muy grave”, las presiones de la Junta de Castilla y León al CSN porque “Berkeley es una empresa privada a la que no le importa el empleo ni el desarrollo de Salamanca”.
