Greenpeace denuncia la actitud irresponsable de la Junta de Castilla y León en respuesta al comunicado del 26 de enero de la Junta de Castilla y León y tras las declaraciones del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la mesa redonda ‘Los retos de las administraciones públicas ante el desafío de los grandes incendios forestales’, ayer 26 de enero en Zaragoza.
La Junta formada por partidos políticos negociacionistas como VOX reconoce por fín el agravamiento de los incendios forestales por el cambio climático, aunque lo denomina «condiciones meteorológicas anómalas y extremas» y dice que el riesgo de grandes incendios es «creciente». Pero en ningún momento el Consejero ha reconocido que vivimos bajo un nuevo régimen de incendios producto, en parte, de un cambio climático originado por la quema de combustibles fósiles, según afirma la comunidad científica y las Naciones Unidas.
Greenpeace reitera con urgencia que el plan de emergencias por Incendios Forestales de CyL, INFOCAL, debe ser actualizado en el contexto de emergencia climática. El Plan vigente se adoptó en 1999 y no se ha modificado desde entonces, hace 24 años. Un requerimiento que comparten los operativos de extinción, como declara el propio Consejero en su comunicado: «Nuestros técnicos nunca habían visto nada igual».
«El desafío y reto del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio no puede ser pasar sus competencias al gobierno central como si fuera una patata caliente. Es descabellado exigir sin cumplir sus competencias, incumplir normativas y no asegurar los medios necesarios. El mismo que ha dicho que mantener el operativo de incendios todo el año es un ‘»despilfarro'», es el mismo que pide una Estrategia Nacional de Lucha contra Incendios Forestales, demostrando una irresponsabilidad asombrosa», ha declarado Mónica Parrilla, responsable de Bosques de Greenpeace España.
Desde la organización ecologista se destaca la falsedad de esta afirmación: «…a pesar de tener un operativo de lucha contra incendios de más de 4.500 personas, con más de 175 cuadrillas helitransportadas y de tierra, con más de 200 máquinas». Los mismos técnicos en extinción han denunciado la situación de indefensión que están viviendo por la nefasta gestión del Consejero Suárez-Quiñones y del director general Jose Ángel Arranz, confirman que estando a nivel 1 de gravedad fueron necearios recursos estatales, en concreto, dos brigadas forestales de refuerzo.
La Comunidad Autónoma tampoco ha contestado a los requerimientos de información pública relativos a los planes preventivos y de emergencia local en zonas de alto riesgo ZAR (como obliga Ley de Montes y Directriz Básica de protección civil). No lo hizo en 2018 ni tampoco lo está haciendo ahora, incumpliendo la normativa de acceso a la información pública sobre medio ambiente.
A la afirmación del Consejero: «Pero el año pasado todo cambió», Greenpeace destaca que la Comunidad ha tenido, no solo el año pasado, una historia reciente de incendios dramáticos que no podemos olvidar: 2022 Sierra de la Culebra (Zamora) con 30.000 hectáreas afectadas, 2021 Incendio en Navalacruz con más de 22.000 hectáreas, 2017 Incendio en Encinedo (León) con 9.820 hectáreas, 2012 Castrocontrigo (León) con 11.592 hectáreas, 2009 Arenas de San Pedro (Ávila) con más de 4.000 hectáreas afectadas.
Justo hoy se cumplen dos semanas de que la Fiscalía de Castilla y León archivase la denuncia de Greenpeace por el incendio ocurrido en la sierra de la Culebra. La Fiscalía consideró que los hechos denunciados no fueron constitutivos de delito, ya que «ante la adversa situación climática existente en el mes de junio de 2022 en Zamora, la Consejería de Medio Ambiente no permaneció pasiva o inactiva». Una denuncia también presentada por otras organizaciones y entidades como CCOO, CSIF, Ecologistas en Acción y PSOE.
También la organización quiere expresar su asombro, por la preocupación del Consejero en este reto y desafío en los incendios forestales, cuando PP y Vox se opusieron a la creación de una comisión de investigación sobre estos incendios.
La organización muestra la perplejidad por la inacción y por tratar el tema de los incendios de una manera tan irresponsable, y reitera la urgencia en actualizar el Plan INFOCAL.
Greenpeace ha pedido esa Estrategia Nacional en la que el Comité de Lucha de Incendios Forestales se refuerce para que las orientaciones estratégicas no queden en papel mojado, precisamente porque las competencias son autonómicas. Así lo hizo valer en la disposición adicional presentada a los Presupuestos Generales del Estado para elevar los incendios de alta intensidad a lo más alto de la agenda política, sin poner en cuestionamiento el papel de las comunidades autónomas a través de recursos que garanticen que el CLIF pueda velar por el cumplimiento de las CCAA y el aumento de presupuestos para la gestión forestal.
