El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca denuncia la connivencia del equipo de Gobierno del PP y de Ciudadanos respecto a la situación en la que continúa el contrato millonario del servicio público de autobús urbano más de dos años y medio después de su anulación definitiva en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al quedar probado que los pliegos fueron hechos a medida de la empresa adjudicataria.
Según el PSOE, el Gobierno municipal sigue sin acatar el mandato judicial y sin respetar el interés general de la ciudadanía salmantina, hasta el punto de llevar al próximo Pleno municipal de este viernes, 8 de octubre, la adopción de un régimen transitorio que regule la continuidad del servicio público de transporte urbano de viajeros mientras no se produzca la nueva adjudicación, cuestión en la debería centrar sus esfuerzos y que ya debería ser una realidad.
Según el PSOE, el PP sigue beneficiando a una determinada empresa lo que» va a suponer un encarecimiento del contrato del servicio de autobús urbano en más de un 5,71 %, es decir, el desembolso aproximado de 700.000 euros anuales procedentes de las arcas municipales«. Mientras tanto, el ciudadano no puede disfrutar de un servicio público de calidad, al no haberse implementado todas las mejoras prometidas, al permitir unas condiciones laborales precarizadas y al no abordar la falta de conexiones importantes en diferentes puntos de la ciudad, así como el refuerzo necesario en horas punta.
Tras agotar todas las instancias judiciales con el único interés de perpetuar su situación de privilegio, demorando con ello la posibilidad de que se iniciara la licitación de un nuevo proceso, la empresa pretende ahora modificar la condición por la que se adjudicó el contrato en el año 2014: el precio por kilómetro ofertado, esgrimiendo la existencia de unas supuestas pérdidas desde el inicio de la adjudicación.
Este argumento no resulta creíble ni para el Grupo Socialista ni para el propio órgano municipal de contratación. En su día, Salamanca de Transportes presentó una oferta de precio por kilómetro con una baja considerable, lo que propició que fuera la empresa finalmente elegida frente al resto de competidores, además de verse favorecida por el resto de cláusulas del pliego de condiciones hechas a su medida, y ahora pretende modificar esa posición de ventaja y esa condición del contrato, extremo imposible al estar anulado.
Además, los socialistas recuerdan que esta empresa es la misma que lleva explotando el servicio de autobús urbano en la ciudad de Salamanca desde el año 1987, por lo que tiene pleno conocimiento de los gastos de explotación. En este sentido, consideran que si en 2014 realizó una oferta sobre el precio por kilómetro a la baja, «debe asumir en exclusiva las consecuencias de sus propios actos y no a costa del dinero de los salmantinos«, sentencia el PSOE.
Los concejales del PSOE han exigido en múltiples ocasiones, tanto en comisiones como en sesiones plenarias, la ejecución de la sentencia judicial del TSJCyL y que con carácter inmediato el Ayuntamiento de Salamanca saque a licitación el nuevo contrato. Sin embargo, tanto los populares como quienes venían a regenerar la política están retrasando de forma deliberada el cumplimiento de la legalidad vigente, como quedó demostrado públicamente en el Pleno celebrado el pasado mes de abril, en el que rechazaron en bloque y con su voto en contra una moción socialista en esta línea.
