Stop Uranio presenta alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica contra la mina de Retortillo

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  • Una vez que el CSN adoptó el acuerdo de informar desfavorablemente la solicitud formulada por Berkeley Minera, el MITECO «solo puede llevar a cabo la denegación de la autorización de construcción»

La Plataforma Stop Uranio ha presentado alegaciones en el trámite de audiencia concedido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico previo a la resolución sobre la solicitud de autorización de construcción de la Planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo.

Una vez que el CSN, con fecha 12 de julio de 2021, adoptó el acuerdo de informar desfavorablemente la solicitud formulada por Berkeley Minera España S.L. de autorización de construcción de la planta de Retortillo como instalación radiactiva de primera categoría, ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) «solo puede llevar a cabo la denegación de la referida autorización de construcción. Cualquier otra decisión de ese Ministerio supondría conculcar gravemente el principio de legalidad y llevar a cabo una actuación claramente ilegal que, en Stop Uranio, estamos seguros de que no se va a producir».

En las alegaciones la plataforma ha tratado de desmontar los argumentos esgrimidos por el consejero Javier Dies Llovera para votar en contra del acuerdo del CSN y emitir un voto particular defendiendo a la empresa minera, discutiendo los informes emitidos por los técnicos del CSN, que actúa como organismo regulador en la materia de las instalaciones radiactivas, lo que significa que es la garantía para la ciudadanía y para la sociedad de que dichas instalaciones sean seguras y no supongan ningún riesgo, ni para las personas, ni para el medio ambiente. Aseguran que «al consejero Sr. Dies parece preocuparle mucho más los intereses de la empresa Berkeley que la salud, el medio ambiente y el futuro del territorio en el que se pretendía poner en marcha esta instalación radiactiva de primera categoría».

En este sentido, añaden que «el sr. Dies niega que la instalación proyectada por Berkeley suponga un lastre para las generaciones futuras que habiten en la zona de la mina y planta de Retortillo, considerando los residuos que se generen en esas instalaciones como NORM (procedentes de radiactividad natural), cuando el CSN ya consideró esos residuos como radiactivos y su depósito en los huecos mineros suponen un peligro para las personas y el medio ambiente durante cientos de años. Son esos residuos radiactivos el principal problema al que se enfrenta Berkeley, sin haber conseguido dar una solución convincente una vez sean depositados en los huecos mineros a juicio de los técnicos del CSN«.

En las alegaciones también han defendido su postura contraria «al intento de la empresa minera de conseguir una indemnización millonaria por el lucro cesante si finalmente se impide la apertura de la mina y planta de Retortillo. Nosotros entendemos que a quien hay que exigir responsabilidades de indemnizaciones es a la empresa Berkeley por los inmensos daños causados en nuestros pueblos y en el territorio del Campo Charro. Daños materiales y económicos muy concretos, y también daños morales e intangibles en la convivencia en los pueblos de la comarca. Daños materiales concretados en la corta ilegal de cerca de DOS MIL (2.000) encinas centenarias. Daños en el territorio con la modificación del trazado de una carretera con obras paralizadas y a medio hacer, obras declaradas ilegales por el ayuntamiento de Retortillo al no contar con ningún tipo de permiso o autorización. Daños por la construcción ilegal de una enorme balsa que ha roto el territorio y el paisaje de la zona».

«La cuantificación de estos daños que la empresa minera ha causado en nuestro territorio, en nuestros pueblos, es mucho mayor que los perjuicios que pueda argumentar que pudiera haber sufrido ella», subrayan. Añaden que, en su opinión, «ningún perjuicio ha sufrido Berkeley, que no debería hacer realizado ninguna actuación de este proyecto, pues no lo tenía autorizado, y lo que ha gastado ha sido para comprar voluntades, para dividir a los habitantes de los pueblos y para crear un clima de opinión favorable a su proyecto».