- La Junta debe además pedir disculpas a las asociaciones de víctimas del franquismo a las que han ofendido con su declaración
Ayer, 26 de marzo de 2024, conocimos que los grupos parlamentarios Popular y Vox de Castilla y León presentaron en la Mesa de las Cortes de Castilla y León, la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León. Se trata de un dislate intolerable a nivel jurídico y administrativo, impropio del gobierno de una comunidad autónoma y que desafía al Estado de Derecho y a la legislación vigente en términos de memoria histórica, ya que su objetivo es imposibilitar el desarrollo de lo establecido en la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
SUMAR tiene como ejes fundamentales la reparación, la verdad y la justicia en materia de memoria histórica. En este sentido, nuestro
propósito es defender la dignidad, el honor y el respeto por las víctimas de la represión franquista, amparadas por las asociaciones memorialistas y por la citada Ley de Memoria Democrática. Por ello, instamos al Partido Popular y a Vox a rectificar su propuesta y exigimos que pidan disculpas a las asociaciones de víctimas del franquismo a las que han ofendido con su declaración.
En SUMAR queremos subrayar que es completamente falso que no exista un consenso historiográfico a la hora de comprender el proceso de
violencia política que sufrió nuestro país a partir del golpe de Estado de julio de 1936 por parte del Ejército contra el Gobierno republicano, elegido democráticamente en febrero de ese año. Historiadores reconocidos en el ámbito internacional como Paul Preston, Ángel Viñas y Julián Casanova concuerdan que la represión franquista tuvo una causa unívoca: el citado golpe de Estado militar apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad española de la época y por el fascismo internacional. Por tanto, es rotundamente incorrecto plantear la Guerra Civil española como una consecuencia inevitable causada por el Gobierno republicano del Frente Popular y es perversamente inaceptable que se presente al franquismo como la salida política natural a la crisis política en España. Esto atenta diametralmente contra la realidad histórica de nuestro país.
Consideramos que la medida trata de justificar el papel de la dictadura, sin explicar el carácter represivo de la misma. Una dictadura que desapareció a más de 114.000 personas, dato corroborado por diversos expertos internacionales. En este sentido, debemos recordar el Informe de 2014, realizado por el relator especial sobre la verdad, la justicia y la reparación de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, junto a un nutrido grupo de especialistas en derechos humanos, en el que se detalla una extensa compilación de desapariciones forzadas o involuntarias, categorizadas como crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo. En este informe se señala también la imperante necesidad de esclarecer la situación y dar justicia y reparación a las víctimas del franquismo.
El dislate de la propuesta de PP y Vox, que intentan justificar con su interesada interpretación de la concordia, pretende trasladar a la sociedad un relato maniqueo y a la vez supuestamente equidistante. En él se ignora la violencia ejercida por militares sublevados, falangistas y tradicionalistas a lo largo y ancho de toda la geografía española, incluido el territorio de lo que ahora es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La violencia política es tratada como una catástrofe; término utilizado para describir un proceso natural y, por ende, inevitable. La derecha y la ultraderecha omiten de este modo que fue un genocidio premeditado y ejercido por unos golpistas que atentaron contra el orden constitucional para exterminar sistemáticamente a una parte de la población por cuestiones políticas e ideológicas. Es insultante leer como estos grupos políticos que permanentemente descalifican a las fuerzas de la oposición al franquismo
se cuelgan medallas por el consenso logrado en la Transición democrática. Una transición posibilitada por la inconmensurable generosidad, responsabilidad y sentido de Estado de las organizaciones represaliadas durante la oscura noche que supuso el franquismo para los
derechos y libertades en nuestro país.
Utilizar la Administración de una comunidad autónoma para poner trabas e imposibilitar la ejecución de la legislación vigente en España en
términos de memoria supone un grave desafío a nuestros valores democráticos y a la convivencia, además de ser una intromisión intolerable para el Estado de Derecho. La propuesta de la Ley de Concordia, impulsada para obstaculizar los trabajos de recuperación de
víctimas mediante mecanismos e instrumentos coercitivos más propios de una dictadura que de una democracia, supone un profundo agravio para las víctimas de la represión franquista. Por ello, reiteramos que el Gobierno de la Junta de Castilla y León debe retractarse de la medida lo antes posible y pedir disculpas inmediatas a los colectivos que defienden la memoria democrática en Castilla y León y en todo el país.
Firmado: SUMAR
