- Asociaciones de jóvenes investigadores denuncian que el Ejecutivo autonómico no va a prorrogar sus contratos como permite la Ley 2/2021
La Junta de Castilla y León no cede y no prorrogará los contratos de cerca de 150 investigadores, tal y como establece la Ley 2/2021 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta norma permite prorrogar los contratos de investigación que terminen entre el 2 de abril de 2021 y el 1 de abril de 2023.
Las prórrogas deben estar financiadas por las entidades convocantes. El propio Ministerio, algunas universidades públicas, como la de Valladolid y la de Salamanca, y otras comunidades autónomas, como Galicia o Aragón, han decidido ya prorrogar estos contratos. Mientras tanto, la Junta de Castilla y León deja desamparados hasta a 150 investigadores a los que afecta esta medida. En concreto, cerca de 75 terminan sus contratos en el mes de julio.
Así se lo han comunicado hoy a las asociaciones de jóvenes investigadores Innova Salamanca, Iniciactiva de Valladolid y AIF-ULe de León, y a representantes de la Universidad de Burgos en una reunión mantenida con la viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar Garcés García, y la directora general de Universidades e Investigación, Blanca Ares González. Los investigadores critican que la decisión implicará un agravio comparativo entre empleados que realizan el mismo trabajo, pero que pertenecen a convocatorias de investigación diferentes.
En esta reunión, las representantes de la Junta han llegado a sugerir que los predoctorales que continúen trabajando en sus tesis, ya que los programas de doctorado sí han prorrogado su periodo de matrícula. Esto supondría que los investigadores trabajasen sin contrato y posiblemente en el paro.
Las asociaciones se muestran descontentas ante las excusas por falta de presupuesto de la Junta de Castilla y León. Opinan que el Ejecutivo autonómico presume de apoyar la investigación, pero abandona a quienes trabajan en ella en su día a día.
Además, la Junta ha insinuado que la prórroga de los contratos actuales podría suponer un recorte en el número de plazas de próximas convocatorias. Las asociaciones se muestran en contra de esta opción y piensan que es su responsabilidad encontrar la financiación para todos, al igual que han hecho otras entidades.
Los investigadores urgen a la Junta, especialmente por aquellos que terminan sus contratos en julio y se verán obligados a parar sus investigaciones o trabajar de forma precaria. Por ello, planean movilizaciones con el objetivo de convencer a la Junta de que prorrogue sus contratos cuanto antes.
